Hundimiento del 55% en obra nueva por las restricciones de Colau

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Desde que Ada Colau llegó a la alcaldía de Barcelona la construcción de promociones de viviendas sociales no han parado de crecer, obligando a que una de cada tres viviendas nuevas sean destinadas a este fin. Ya que se ve como una necesidad lograr la caída progresiva de los precios del alquiler.

Colau y su equipo optaron por intervenir el mercado inmobiliario con la imposición de medidas restrictivas imponiendo a los promotores inmobiliarios la reserva del 30% de los pisos de obra nueva a vivienda social.

Esta medida constituye la expropiación de uso de uno de cada tres pisos incluidos en las nuevas actuaciones inmobiliarias, lo que invita a los inversores a irse e invertir fuera de Barcelona.

A raíz de esta obligación de Colau los promotores ven muy afectado su plan de negocio inmobiliario ya que se verían obligados a subir dos tercios el precio de los inmuebles para compensar la expropiación de uso.

Según los expertos lo peor está por llegar dentro de 2 o 3 años, actualmente el desplome de la construcción no se ha traducido en subida de precios porque las promociones que están saliendo fueron iniciadas hace dos, tres y cuatro años. Por lo que en 2019 la oferta de pisos aumentó un 28% y se estima que se siga incrementando.

Pero la cuestión que nos compete aquí es la solicitud de visados de obra nueva, que miden el volumen de actividad promotora y que anticipan el tamaño que tendrá la oferta de vivienda en el medio plazo.

Dichos datos reflejan un desplome del 55% en los tres primeros trimestres de 2019, de acuerdo con datos oficiales del propio Ayuntamiento de Barcelona.

Si se comparan los datos con el resto de España, se deduce que el crecimiento es inferior habiéndose incrementado únicamente un 9% respecto al conjunto del país. En la ciudad Condal también se habría puesto de manifiesto una caída del 5%.  

A raíz de todo esto, el precio de la vivienda se habría incrementado. Si lo medimos en relación con cada metro cuadrado, el coste subió un 7% durante el año pasado. En el distrito de Las Cortes, la subida fue del 12%.En otras zonas de la ciudad se movieron tasas similares (caso de San Andrés o San Martín).

Se vaticina que la situación pueda empeorar en 2020, puesto que el Parlamento ha aprobado un decreto ley que obligará a que las nuevas promociones del Área Metropolitana de Barcelona reserven un 40% de sus pisos a “vivienda social” por lo que esta asfixia de la oferta solo irá a peor.

Además hay que añadir que las clausulas del Decreto Ley obliga a ciertos propietarios de viviendas a entregar sus pisos en alquiler social a los “okupas” que usurpan dichas residencias, incidiendo esta medida muy negativamente en la inversión inmobiliaria de Cataluña.

Noticia inmonews.es

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